Un zanjamiento que se cae de Maduro/ José De Echave C.

Antes de la novela PPK-Maduro y que si viene o no viene, la posible llegada del presidente venezolano al Perú había desatado una recatafila de acusaciones, artículos y hasta mociones en el Congreso que buscaban, entre otras cosas, poner nuevamente contra la pared a la izquierda peruana.

“A mi pana no lo toca nadie” lleva como título un editorial de El Comercio de la semana pasada que menciona que “la izquierda peruana se bate una vez más por uno de sus villanos favoritos: Nicolás Maduro”. El mencionado editorial no ha venido solo; ha estado acompañado de varios otros artículos y notas que dan cuenta de declaraciones y votaciones de la izquierda peruana en los últimos tiempos sobre el régimen venezolano.
La exigencia es como siempre que se zanje con el régimen de Maduro. Pero ojo, no se trata de cualquier tipo de zanjamiento. Tiene que ser en los términos que ellos quieren, y si no, pues no vale. Y claro, uno tiene el derecho de preguntarse por qué solo se puede zanjar en los términos que la derecha quiere y exige. ¿Por qué tenemos que decir sólo lo que ellos quieren escuchar?

¿Acaso no hay otras alternativas? ¿No se puede zanjar en nuestros propios términos con algo que realmente pensamos que no nos representa? Hagamos un ensayo y vayamos por partes.

Las primeras precisiones y los múltiples parecidos

Que quede claro que para los que nos ubicamos en la izquierda, no se nos ocurre ni por asomo traer ni replicar el modelo venezolano (si se le puede llamar modelo) al país. Ni ahora, ni nunca. No sólo porque no hay nada que replicar, sino porque es bueno decirlo, la Venezuela actual y lo que allí pasa, se parece mucho a lo que el Perú ya vivió y sufrió no hace mucho tiempo. Seamos claros, si queremos identificar referentes en el Perú que aplicaron políticas similares a las venezolanas, en lo económico y en lo político, esos son, en primer lugar, el primer gobierno de Alan García en los 80 y el de Alberto Fujimori en los 90.

El manejo económico de Venezuela es casi idéntico al de Alan García en su primer gobierno y los resultados o consecuencias también: la política cambiaria y los equivalentes al tristemente célebre dólar MUC, la hiperinflación generalizada, la recesión y un aparato productivo devastado, los desabastecimientos, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la pérdida de autonomía del Banco Central y varios etc. Y en lo político, es en gran medida el fujimorismo de los 90: con la vulneración clara y abierta de la independencia de los poderes del Estado; con sus propias interpretaciones auténticas de la Constitución, reelecciones, represión y por supuesto, corrupción generalizada.

Pero además, no se dice que en Venezuela hay una oposición creciente de izquierda, tanto de grupos de ex chavistas y también de los que nunca se sintieron identificados con el proceso. Allí están, por ejemplo, iniciativas como las de la Plataforma Ciudadana,
surgida en Venezuela como una acción de auto convocados, que ha venido desarrollando varios planteamientos y propuestas desde la izquierda.

Tampoco se dice nada sobre los organismos de derechos humanos que vienen siendo permanentemente hostigados por el régimen de Maduro. Una misión de defensoras de derechos humanos, integrada por las peruanas Rocío Silva Santisteban, Gisela Ortiz y Liliana Ramírez, luego de visitar Venezuela en septiembre 2015, expresaron en su informe final una “especial preocupación por las situaciones de hostigamiento, amenazas, seguimientos y violencia que periódicamente enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela”. Al mismo tiempo exigieron “el cumplimiento por parte del Estado venezolano de todas las medidas cautelares otorgadas a favor de los defensores y defensoras de derechos humanos en este país”.

Además, no está de más recordar que Venezuela se retiró el año 2013 del sistema interamericano de derechos humanos: el proceso de retiro se inició con Chávez en la presidencia -que en su momento denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos- y concluyó ya estando en el poder Maduro. El actual presidente venezolano ha declarado de manera reiterada que “la comisión y la corte lamentablemente degeneraron, ellos se creen un poder supranacional (…). Es una decisión acertada, justa y que además defiende a nuestra patria de cualquier intento por mancillarla”. Maduro también declaró que durante el 2002 y 2005, la corte “persiguió a la democracia venezolana y protegió a terroristas”.

Cuando el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, declara que la Corte Interamericana sólo defiende terroristas, no tiene idea de lo cerca que está de lo que piensa y opina sobre este mismo organismo -ahora sí, “uno de sus villanos favoritos”-, el presidente venezolano. Por lo tanto, cualquier semejanza con lo que por acá escuchamos decir sobre el sistema interamericano de derechos humanos a figuras del fujimorismo, columnistas ultraconservadores y la propia moción presentada por el congresista Roberto Viera para que el Perú renuncie a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no es pura coincidencia.

Las críticas fundadas desde la izquierda al régimen venezolano

Edgardo Lander, el destacado académico y científico social venezolano, vinculado además a movimientos sociales y a la izquierda de su país, plantea desde su posición críticas abiertas al régimen y también enrostra a la izquierda latinoamericana algunas responsabilidades: “Creo que esa forma de entender la solidaridad como solidaridad incondicional, porque hay un discurso de izquierda o porque haya posturas antiimperialistas, o porque geopolíticamente se expresen contradicciones con los sectores dominantes en el sistema global, lleva a no indagar críticamente sobre cuáles son los procesos que están ocurriendo”. Subraya además que todo ello “genera una solidaridad ciega, no crítica”, lo que provoca que “activamente se esté celebrando muchas de las cosas que terminan siendo extraordinariamente negativas”.

Si bien la crítica de Lander no se centra únicamente en la gestión actual de Maduro y también identifica las herencias negativas que vienen de la época de Chávez, sí subraya que en la actualidad, la situación se ha tornado cada vez más crítica: “es una situación
en la que hay una concentración total de poder en el Ejecutivo, no hay Asamblea Legislativa, Maduro tiene ya más de un año gobernando por decreto de emergencia auto renovado. Estamos muy lejos de algo que pueda llamarse práctica democrática. Se utilizan todos los instrumentos del poder en función de preservarse en el poder”. La socióloga argentina, Mariestella Svampta -que el año pasado impulsó una declaración sobre la situación de Venezuela firmada por intelectuales destacados de izquierda de todo el mundo, como Aníbal Quijano, Alberto Acosta, Arturo Escobar, Boaventura de Sousa Santos, Luis Tapia, Pierre Salama, Raquel Gutierrez, Carlos Porto Gonçalvez, Enrique Viale, Horacio Machado Araoz, Roberto Gargarella, Attac Francia, entre otros, así como por varios exministros y ex compañeros de ruta del proceso boliviariano-, considera que el régimen ha caído en una deriva autoritaria: “Creo que el régimen que lidera Maduro -y ello en el marco de una crisis social y económica sin precedentes-, reforzó los peores elementos ya presentes en el chavismo (más concentración de poder, enorme corrupción, radicalización del extractivismo y estado rentista, entre otros), al tiempo que licuó lo mejor que éste tenía en términos de populismo plebeyo (dispositivos de democracia participativa, empoderamiento de los sectores populares, cierta redistribución de la riqueza)”.

Precisamente, hablando del extractivismo rentista, Venezuela también representa una propuesta que desde la izquierda se cuestiona en países como el nuestro: el modelo de extracción de recursos naturales exacerbado que afecta la Naturaleza y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de poblaciones enteras. Un país casi mono exportador –más del 90% de sus exportaciones dependen del petróleo- es todo lo contrario a la propuesta de una matriz productiva diversificada y sostenible que, por ejemplo, una candidatura como la de Verónika Mendoza levantó en la campaña electoral del año 2016.

Además, luego de la caída de los precios del petróleo, el gobierno venezolano ha insistido en el mismo esquema extractivista, aunque en esta ocasión apuesta por la extracción minera: la propuesta de explotar el Arco Minero del Orinoco, que ocupa casi la mitad del Estado Bolívar de la Guayana venezolana, en un esquema de desregulación ambiental, violencia contra los pueblos indígenas de la zona y al mismo tiempo de militarización. Por ejemplo, en Venezuela, las concesiones mineras son manejadas por la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas.

Considerando todas estas variables, no está de más recordar la sugerencia de Massimo Modenesi y evitar lo que denomina como una suerte de “trampa dicotómica”: “entre la continuidad del progresismo actual y la restauración neoliberal –como realidad o amenaza-; una trampa que oculta un chantaje orientado a propiciar un artificial cierre de filas detrás de los líderes y partidos del progresismo”.

Simultáneamente, no podemos dejar de ser firmes en la apuesta por una salida a la crisis venezolana bajo un esquema que privilegie el diálogo, la no violencia y sobre todo sin la injerencia externa que algunos sectores de la derecha violenta y antidemocrática venezolana y la administración Trump, buscan auspiciar.

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